San José, 14 Set (ElPaís.cr).- Costa Rica llevaba varios años de no presenciar un caso tan mediático como el del cemento chino, en el que poco a poco, ha ido trascendiendo la relación política y económica que existe detrás del mismo.
La ruptura del duopolio de cemento, el supuesto tráfico de influencias en el Banco de Costa Rica (BCR), la modificación de reglamentos Estatales y las presiones políticas para ayudar al empresario Juan Carlos Bolaños, son acciones que han involucrado a representantes de casi todos los partidos políticos representados en el Congreso, e inclusive a otros jerarcas de Gobierno.
Cemento importado de marca Sinocem Imagen ilustrativa
El tema del cemento se ha vuelto prácticamente una situación de seguimiento nacional, en la que los criterios han ido y venido desde empresas, hasta cámaras, instituciones públicas y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Todo inició en el 2016, cuando el empresario Juan Carlos Bolaños solicitó un préstamo al BCR para poder importar cemento chino, pero le fue denegado por varias razones. Dentro de las causas principales figuraban dos, que no tenía garantía del mismo y que no contaba con un seguro del Instituto Nacional de Seguros (INS).
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Desde ese momento, se comenzaron a activar todas las piezas del rompecabezas, que formarían eventualmente el complicado caso del cemento que ahora no todos entienden. Debido a que Bolaños ya había realizado trabajos con sus empresas para la administración pública, cuando esto sucedió lo primero que buscó fue resolverlo a través del poder político, por lo que mantuvo aproximadamente siete reuniones en Casa Presidencial y un par más en la Asamblea Legislativa.
Juan Carlos Bolaños y Guillermo Quesada en comparecencia legislativa
A pesar de los dos impedimentos que Bolaños tenía para acceder al préstamo, esta serie de reuniones le permitió que en menos de una semana el BCR modificara su reglamento interno y le permitiera dos cosas que a ningún costarricense promedio se le hubiera permitido. La primera fue poner como garantía el mismo cemento que se iba a importar y la segunda, fue poder acceder al crédito con un seguro privado y no con el del INS.
Esas reuniones dejaron como resultado una serie de interpelaciones legislativas, ya que el Congreso conformó una Comisión Especial para investigar este tema y como si fuese una alfombra roja, ha hecho gala de todos los actores políticos y empresariales que se vieron involucrados. La creación de ese foro legislativo fue aprobado en julio de este año e integrada el 1 de agosto.
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La lista de personas con las que Bolaños se reunió, pareciera no haber sido revelada aún por completo, pero hasta el momento han trascendido nombres como: el ex Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, el ex Ministro de Economía, Welmer Ramos, el ex diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ahora declarado independiente a causa de este mismo tema, Víctor Morales Zapata, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez y el cinco veces candidato presidencial del Movimiento Libertario (ML) y actual congresista, Otto Guevara, así como el verdiblanco Rolando González.
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También figura el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y su compatriota, Mariano Figueres, Director de la Unidad de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Presidente del PUSC y aspirante a legislador, Pedro Muñoz, el Magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, varios integrantes de la Junta Directiva del BCR; entre otros.
Según información notificada por diversos medios nacionales, los vínculos legislativos tuvieron distintos intereses. En el caso de Morales Zapata, intervino directamente por Bolaños, tanto en Casa Presidencial como también dando seguimiento a las adjudicaciones del CNE; lo que a posteriori le sería supuestamente remunerado con unas vacaciones pagas por parte del empresario en una lujosa casa en Playa Potrero. Ésta información, le aseguró por segunda vez la salida del partido.
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Diputado Luis Vásquez del PUSC Imagen de archivo
En el caso del PUSC, también hizo arder Troya, ya que el ex candidato presidencial y actual diputado Rafael Ortiz, solicitó integrar con urgencia un Tribunal de Ética, que se encargue de investigar a sus compañeros de bancada Luis Vásquez y Johnny Leiva, para determinar si tuvieron o no parte en el conflicto de intereses que rodea este tema.
Ortiz también encaró a su ex contrincante, Rodolfo Piza, por promover a Pedro Muñoz como candidato a diputado a pesar de que éste fue consultor de Bolaños en el 2015.
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Guevara Guth también mantuvo reuniones con Bolaños y solicitó información al MEIC sobre el estatus del cemento chino en el país; ha sido claro en el apoyo al préstamo y la ruptura del duopolio.
Conforme comenzaron a desfilar los hechos en una interminable lista de variables sobre el tema, la empresa Sinocem China, productora y distribuidora de cemento, informó que emprendería un conjunto de acciones legales contra el empresario Bolaños, ya que supuestamente él había usado su marca de forma ilegal.
La empresa confirmó a medios nacionales que las firmas no tenían relación entre si, y que Bolaños estaba comprando cemento de inferior calidad y lo usaba en sus empresas a nombre de “JCB” para aumentar los precios del producto. Esto resulta un dato que ha pasado ante los ojos de varios medios de comunicación (no todos) un poco desapercibido y es que, por mucho tiempo, el BCR le estuvo girando dinero a empresas de Bolaños, aunque para los ojos del país se le estaba dando a una empresa radicada en China llamada Sinocem.
El Banco otorgó dos préstamos a Bolaños que suman $30 mil y que tenían como cláusula dentro de su contrato, girar los recursos a la empresa fabricante no a la intermediaria, sin embargo transcurrió y hasta ahora se están tomando medidas.
Sinocem China indicó que antes de enero del 2017 eran la única entidad empresarial representada con ese nombre, pero con la expansión del mercado surgió Sinocem Costa Rica.
Actualmente, Sinocem China le vende cemento a la compañía Sinobuilding Materials Hong Kong Limited que está a cargo de Dai Wuping (Ex empleado de Sinocem CR), ésta se unificó en el 2016 con Sinobuilding Panamá, la cual vende cemento chino a Sinocem Costa Rica. Cabe aclarar que todas estas empresas con excepción a Sinocem China, pertenecen al mismo grupo.
En el marco de la defraudación fiscal que buscan evitar los supremos poderes, principalmente desde que salieron a la luz pública los Papeles de Panamá, es importante mencionar que las empresas intermediarias no tienen instalaciones físicas, sino que son lo que se conocen como “off shore” o “sociedades de papel”.
A pesar de esto, el Gobierno de la República salió en defensa de la importación de cemento, ya que la ruptura del duopolio del cemento que manejaban Holcim y Cemex, ha permitido bajar los costos de producción e igualar la calidad del cemento importado. Ante esto, muchos medios de comunicación y partidos políticos comenzaron a atacar a Casa Presidencial, para lo que el Ejecutivo ya estaba preparado.
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Es decir, aunque no se ha comprobado, al menos no en un Tribunal de Justicia o en un proceso legal que la Junta Directiva del BCR o cualquier otro funcionario público incurrió en tráfico de influencias, lo cierto es que el rompimiento del negocio del cemento también ha sido bueno para el país.
Luego de que la Comisión Legislativa comenzara a realizar audiencias para esclarecer la situación, la información se volvió más volátil, primordialmente porque las versiones que se contaban en el Congreso comenzaron a contradecirse, y en algunos casos el órgano legislativo se volvió más un tribunal inquisidor que un foro de investigación.
Sumado a esto, hay que entender que los representantes de entidades bancarias y de la Superintendencia de las Gerencias Financieras (Sugef), no pueden revelar todos los datos que manejan, al menos no, mientras el secreto bancario no sea levantado.
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Welmer Ramos, ex Ministro del MEIC y ex Candidato Presidencial del PAC
Por otra parte, el empresario importador de cemento chino también fue cuestionado por su influencia en la supuesta modificación de un reglamento en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) durante la administración del ex jerarca Welmer Ramos, ya que al parecer hubo presiones políticas para que ese cambio se diera y se permitiera a Bolaños usar el cemento importado.
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Al ser consultado, Ramos explicó que los cambios hechos en el reglamento del MEIC no se dieron para favorecer a ninguna empresa en particular ni a ningún país, ya que lo que se hizo fue modificar una barrera legal que impedía la importación de dicho producto, un proceso que llevaba muchos años.
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A causa de este tema, los diputados también hicieron comparecer al Presidente Solís en una sesión única e histórica que se llevó a cabo en Casa Presidencial y tuvo como fin esclarecer porque Bolaños asistió tantas veces al recinto Ejecutivo. El mandatario explicó que las bitácoras están abiertas y a disposición de toda la ciudadanía; y que es muy normal que los Ministros se reúnan con empresarios, principalmente si estos tienen adjudicados a su cargo proyectos del Estado.
Reunión del Presidente de la República con los Diputados de la comisión que investiga tema sobre Préstamos del BCR para Importación del Cemento proveniente de China. Casa Presidencial, Costa Rica. 4 Setiembre 2017 Fotos: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto
Solís Rivera mencionó que algunos datos específicos sobre los créditos no eran de su conocimiento, sino hasta que trascendió el caso de manera pública a través de los medios de comunicación. Según dijo, él no tuvo ninguna influencia en el Banco o en el Comité Nacional de Emergencias (CNE) para que se aprobara el crédito ni los desembolsos financieros por los proyectos a ejecutar de parte de las empresas de Bolaños.
Durante la interpelación, el Presidente comentó que el precio del cemento se ha reducido hasta en un 8% desde abril según datos que maneja el MEIC.
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Uno de los hechos más recientes, fue que el Magistrado Celso Gamboa coincidió en un vuelo fugaz de 37 horas a Panamá. Tanto el Magistrado como el empresario salieron del país el domingo 9 de octubre del 2016 y volvieron el 11 de octubre. Ambos viajaron en los mismos vuelos con la empresa de aviación Copa Airlines y compraron sus tiquetes a escasos minutos de diferencia. Además, Gamboa aceptó al Semanario Universidad haber coincidido también en otros encuentros con Bolaños.
Para la Comisión Legislativa, hay varios hechos que son sospechosos, como por ejemplo la creación de la empresa Sinocem S.A, que se fundó legalmente el 7 de octubre del 2016 en Panamá. Cabe recordar que ésta ha sido usada para recibir los desembolsos de los créditos bancarios para importar cemento, dos días después ambos sospechosos arribaron Panamá.
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Magistrado Celso Gamboa junto al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
También resulta extraño que el Magistrado salió del país con su pasaporte regular y volvió utilizando su pasaporte diplomático, pero el Poder Judicial no tenía en sus registros ningún viaje avalado para octubre del 2016, de hecho no existe en las actas. Además, según notificó el mismo Gamboa, fue a Panamá a comprar opa para su bebé recién nacido, pero no recuerda donde se hospedó, aunque si recuerda que coincidió con Bolaños en el viaje.
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Conforme el tema avanza se vuelve más complejo y los roces se intensifican inclusive en los mismos partidos políticos. Un ejemplo de ello fue lo sucedido esta semana, cuando la Comisión se negó a citar a Gamboa para que compareciera, ya que desde su perspectiva el órgano legislativo no es un tribunal, lo que para algunos congresistas resulta doble moralista, ya que al Presidente de la República se le llamó a responder.
Así mismo, los y las diputadas votaron negativamente una serie de mociones que tenían como fin llamar a rendir cuentas a cinco legisladores. Esto causo tanta molestia en el foro, que la liberacionista Mauren Clarke encaró a sus propios compañeros y decidió renunciar, pero mientras lo hacía expresó a los medios que hubo presión desde el PLN para no apoyar la comparecencia del Magistrado.
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La investigación política que se realiza en el Congreso está inconclusa y los mismos diputados no sabe si les va dar tiempo de llegar a conclusiones concretas, por lo que pidieron al Plenario ampliar el plazo para rendir un informe final sobre el tema. Paralelamente otras instancias se activaron sus herramientas para indagar, como por ejemplo la Fiscalía, Casa Presidencial, el mismo BCR y la Sugef.